Aspirantes “partidistas” e “impresentables” para la CEDH – Editorial por Omar Niño

Luego de que prácticamente se cerró la primera etapa del proceso de elección para ese Organismo Público Autónomo, los Diputados del Congreso del Estado el próximo 30 de marzo, tienen en sus manos una gran decisión, elegir a quien en los próximos cuatro años a quien defenderá los derechos humanos en San Luis Potosí.

Hay 15 perfiles de mujeres y hombres quienes “aparentemente” cumplen con los requisitos que establece la Ley de ese Organismo, y digo aparentemente por lo siguiente, por ejemplo, hay tres candidatos que tienen un origen partidista expresamente reconocido y que los hace inelegibles de acuerdo a la Ley, tal es el caso de Hugo Armando Pérez Aguilar, actual Coordinador de la Oficina Regional de la CNDH, quien, en su curriculum vitae que entregó para ingresar a laborar a la CNDH reconoce expresamente en ese documento su pertenencia al Partido Revolucionario Institucional desde 1975, dato que desde luego omitió declararlo al Congreso para esta elección, ya que en el artículo 32º fracción X y III.

En el mismo sentido Luz María Baldazo Castellanos, actual Consejera de la CEDH, durante el Proceso Electoral de 2015 fue candidata a Regidora en Ciudad Valles, postulada en la formula que presentó el Partido Acción Nacional, elección que por cierto perdió y ahora casualmente labora para la Delegación Federal SAGARPA, en un Programa de corte Social.

Además el aspirante Ignacio Rafael Acosta Díaz de León, quien como un hecho público y notorio este personaje laboró activamente en la campaña del actual Gobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde, quien como pago a sus servicios fue incorporado con “asesor” en la Secretaría General de Gobierno.

Pero además otro de los requisitos que establece la propia Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es el de contar con reconocida probidad y honradez, sobre el particular Hugo Armando Pérez Aguilar, resulta ser un servidor público muy cuestionado, primero en su paso como Administrador 1992-1994 en la empresa de transportes Ruta 100, la cual durante su gestión se declaró en quiebra, se iniciaron procedimientos administrativos y penales, caso que por cierto ante la falta de justicia para los trabajadores fue motivo de una Recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; posteriormente Pérez Aguilar fue formalmente acusado de extorsión por la empresa Ethel S.A. de C.V., ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2013 cuando fungía como servidor público en la Central de Abastos.

Antecedentes que no se borran con la presentación de una constancia de no inhabilitación, pues recordemos que los hechos devienen de 1994 y considerando el tiempo transcurrido es muy sencillo que a la fecha haya podido conseguir una constancia de esa naturaleza.

Esperemos que nuestros Legisladores tomen en cuenta que el Ombudsman no debe ser una persona cuestionada en su probidad ni mucho menos vinculada a un partido político.

Por Omar Niño