La Ley de Seguridad Interior, aprobada en comisiones del Senado

La ley para regular la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública desencadenó una ruta legislativa que podría terminar hasta el sábado. A raíz del compromiso del Ejecutivo por atender las voces críticas en torno al proyecto de ley, han comenzado a aparecer cambios en la redacción

En medio de cuestionamientos y protestas, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron, en lo general, por mayoría de votos y con nueve modificaciones el dictamen de la Ley de Seguridad Interior que busca regular la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.

A pesar de que había intención de llevar al pleno esta iniciativa este mismo miércoles, no fue posible y habrá de discutirse hoy en una sede alterna para evitar las protestas.

Este procedimiento en lo oscurito es para cumplir la ruta planteada: que la iniciativa se apruebe hoy en pleno de Senadores y sea devuelta con las modificaciones a la Cámara de Diputados.

Los senadores acordaron que las reservas al dictamen, se llevarán al pleno para su discusión; hasta las 21:40 horas de ayer sólo dieron una primera lectura a la minuta.

Tras cinco horas de discusión, los senadores aprobaron por mayoría el nuevo marco legal que regula la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza.

Esta norma también establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior, es decir, intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto.

No obstante, organizaciones civiles e internacionales advierten que estos cambios que perfilan son “cosméticos” y no modifican el fondo de esta ley.

Los senadores de oposición exigían no discutir este dictamen sin antes escuchar todos los puntos de vista de organizaciones que se han manifestado en contra, pero no lograron detener el proceso en comisiones.

Con ello, las modificaciones que se hicieron al documento serán llevadas ante el pleno en las próximas horas y se espera que este jueves sea enviada de inmediato a la Cámara de Diputados para que le den “luz verde” a esos cambios.

También se espera que el viernes se discuta en San Lázaro y pueda ser enviada al Ejecutivo para su promulgación justo el día del cierre del periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con el proyecto de dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que se prevé analizar y en su caso aprobar, se argumenta que los actuales sistemas de seguridad nacional y pública resultan insuficientes para salvaguardar el ámbito de acción en el que interactúan población e instituciones, lo que se agrava ante la ausencia de un marco regulatorio específico en materia de seguridad interior.

Establece que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”.

El documento de 235 cuartillas, establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año.

Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las acciones de seguridad interior a su cargo.

Entre otros aspectos destaca que “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”.

Considera que cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades.

El panista Juan Carlos Romero Hicks, acusó que esta ley atenta contra el Federalismo y advirtió que hay decisiones que suplantan a la autoridad civil.

“Intervienen una entidad federativa con facultades discrecionales y luego el mismo mando militar establece protocolos. ¿Cómo se le pueda llamar a eso?.. ¿Estado de derecho?”, cuestionó

Dolores Padierna, senadora del Partido del Trabajo (PT), también se sumó a las críticas en contra de la ley y advirtió que la normalización de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de prevención del delito y de seguridad pública, prologará el proceso de debilitamiento de los esfuerzos por fortalecer a las policías locales.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) Roberto Gil, salió en defensa de este marco legal y consideró que hubo un consenso democrático por incorporar al régimen de seguridad nacional al crimen organizado y desde entonces las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades en materia de delincuencia organizada.

“Este dilema que se ha pretendido plantear en el sentido de que las Fuerzas Armadas o están en los cuarteles o están indebidamente en las calles, es un dilema falso”, agregó el senados blanquiazul.